Rutas Argentinas: Proceso de Concesión en el Gobierno de Milei

Con el proceso de concesión vial más grande de las últimas décadas, el gobierno de Javier Milei busca transformar el mapa de las rutas argentinas y atraer inversión privada en más de 9.000 kilómetros de trazas clave para el transporte y la conectividad. Este programa, que abarca catorce provincias y los trayectos más transitados del país, representa una de las piezas centrales del plan de privatizaciones de la actual administración.

La administración ha iniciado un proceso de licitación pública nacional e internacional para concesionar aproximadamente el denominado “Red Federal de Concesiones”. La Red abarca 9.154 km de rutas nacionales que atraviesan catorce provincias: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En el marco de estos contratos de concesión, las empresas privadas asumirán la gestión de las rutas argentinas por plazos de entre 20 y 30 años.

Este proyecto de concesión fue establecido por el Decreto 28/2025, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obras Públicas (N.º 17.520), de acuerdo a su modificación por la Ley de Bases (N.º 27.742).

La Red será concesionada en tres etapas.  La Etapa 1 ya está abierta, se pueden adquirir los pliegos y la fecha para presentar ofertas es el 8 de septiembre de 2025. También ya están disponibles los pliegos preliminares para las Etapas II y III. Se espera que la convocatoria formal para la Etapa II comience en breve. El Gobierno ha manifestado su intención de completar el proceso de licitación y la concesión de cada tramo antes de que finalice 2025, aunque estimamos que es un objetivo de tiempo muy ambicioso que probablemente se demore.

El proceso de licitación está abierto tanto a empresas argentinas como extranjeras, con o sin una sucursal registrada en Argentina.

El proceso de licitación se desarrolla en dos etapas. En la primera, los interesados deben precalificarse ante la Comisión de Concesiones de Argentina, presentando documentación que acredite su situación legal, capacidad técnica, solvencia financiera y experiencia. Solo quienes resulten precalificados podrán luego presentar ofertas económicas, que serán evaluadas por la Comisión.

Entre las condiciones clave de la licitación se destacan: la obligación de que los adjudicatarios constituyan una sociedad vehículo en Argentina para la firma del contrato de concesión, la realización de una debida diligencia propia del proyecto, la renuncia a cualquier reclamo o recurso contra la autoridad concedente, la presentación de garantías financieras que aseguren la ejecución del proyecto, así como el compromiso de realizar tareas de mantenimiento y mejoras viales, incluyendo la implementación gradual de sistemas electrónicos de peaje sin barreras (“free flow”).

El gobierno argentino ofrece ciertas protecciones frente a riesgos a los concesionarios, entre ellas la posibilidad de renegociar el contrato en caso de que la viabilidad financiera del proyecto se vea afectada por situaciones económicas imprevistas (Art. 7 de Ley de Concesión de Obras Públicas N° 17.520). Estas renegociaciones podrían incluir:

• Modificación del plazo de concesión: El contrato podría extenderse o acortarse con el fin de restablecer el equilibrio económico-financiero.
• Ajuste de tarifas: Se podrá modificar la estructura tarifaria para preservar dicho equilibrio, incluso segmentando componentes específicos de la tarifa para compensar desequilibrios.
• Reprogramación o reducción de las obligaciones de inversión: Se podrán posponer, suspender o cancelar los objetivos contractuales de inversión según sea necesario, a fin de adecuarlos a la realidad financiera del proyecto.
• Compensación económica directa: Podrá otorgarse asistencia financiera mediante recursos públicos, como fondos del Tesoro Nacional, tributos afectados, contribuciones por mejoras u otros mecanismos de financiamiento disponibles.
• Medidas combinadas o alternativas: También podrá aplicarse una combinación de las herramientas mencionadas u otras soluciones que resulten compatibles con la estructura legal y económica de la concesión, con el fin de restablecer el equilibrio contractual.

Esta iniciativa se enmarca en el plan general del presidente Milei para reducir el rol del Estado y liberalizar la economía argentina. Un eje central de esta agenda es la Ley de Bases (2024), que habilitó la privatización—total o parcial mediante contratos de concesión a largo plazo—de ocho importantes empresas estatales, entre ellas Corredores Viales S.A., que actualmente administra una parte significativa de la red de rutas argentinas.

Además de Corredores Viales S.A., la lista de empresas a privatizar incluye Intercargo S.A.U., encargada de brindar servicios de rampa en aeropuertos; Energía Argentina S.A. (ENARSA), dedicada a la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y energía; Nucleoeléctrica Argentina S.A., operadora de las centrales nucleares del país; y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), responsable de la explotación de carbón en Santa Cruz. También figuran Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), proveedora de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires; Belgrano Cargas y Logística S.A., que opera servicios ferroviarios de carga; y Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), gestora de trenes de pasajeros. El objetivo es reducir la carga fiscal, promover inversiones privadas y aumentar la eficiencia en sectores estratégicos.

La concesión de más de 9.000 km de rutas argentinas marca un antes y un después en la política de infraestructura argentina. Para los inversores, representa una oportunidad estratégica de ingreso al mercado, con respaldo normativo y un gobierno decidido a impulsar la desregulación.

Este artículo ofrece una visión general sobre las oportunidades actuales de licitación vinculadas al programa de concesiones de rutas argentinas, y no constituye asesoramiento legal. Las empresas interesadas en participar del proceso o en comprender con mayor profundidad el marco normativo aplicable pueden contactar a WSC Legal para recibir asesoramiento personalizado.