Reforma tributaria en marcha: ¿qué cambia?

El Congreso ayer sancionó la Ley de Reforma al Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario (“Ley”), una normativa que propone un cambio en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

Menos burocracia, más previsibilidad y un sistema que deja de criminalizar errores menores para concentrarse en los delitos graves.

• Presunción de buena fe del contribuyente: el enfoque cambia. Quien cumple ya no es tratado como “sospechoso” permanente, sino que, por el contrario, se presume su buena fe y se premia al buen contribuyente.
• Actualización de los montos y multas penales tributarias y de seguridad social: los mínimos legales para las sanciones se mantenían vigentes desde diciembre de 2017 (sanción de la Ley N° 27.430). A partir del efecto de la inflación esta actualización era necesaria para poder volver a colocar el foco en importes verdaderamente significativos.

El único punto controvertido que trajo la actualización es nuevamente consignar importes en pesos sin prevenir ninguna forma de actualización. Esta circunstancia lleva a la necesidad de reformas periódicas para evitar que vuelvan a quedar desactualizados los importes.

• Pago y archivo de la cuestión penal: se incentiva la regularización temprana. La modificación normativa claramente se encuentra dentro de un nuevo paradigma donde el evasor no se considera un delincuente. La normativa mantiene la posibilidad de abonar la deuda antes de la denuncia penal para evitar su tramitación. Asimismo, suma la posibilidad de luego de iniciada la acción penal, hasta 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación penal archivar las actuaciones si el contribuyente abona la totalidad de la deuda (capital, intereses y multa) más un 50% adicional.
• Reduce el plazo de prescripción para contribuyentes cumplidores. El plazo de prescripción se podrá reducir a 3 años para contribuyentes que declaran y pagan en término, sin inconsistencias significativas.
• Unificación de reglas relativas a la prescripción: modificación del Código Civil y Comercial de la Nación (“CCCN”). La normativa modifica el artículo 2560 del CCCN y aclara que el plazo de prescripción se regirá por normativa nacional. Elimina cualquier posibilidad de que las provincias puedan legislar respecto del plazo de prescripción. Esta aclaración se celebra y permite una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
• Crea la Declaración Jurada Simplificada: es un nuevo régimen que permite a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país aceptar una declaración jurada generada directamente por el sistema de ARCA. Dicha declaración posee efecto liberatorio y reduce controles retroactivos.

La Ley apunta a un sistema más previsible, eficiente y razonable, donde cumplir es más simple y existe mayor seguridad jurídica para los contribuyentes que actúen de buena fe.

Durante años, el sistema tributario argentino funcionó bajo una lógica clara: cumplir no garantizaba tranquilidad y equivocarse —aun sin intención— podía tener consecuencias desproporcionadas. Esta Ley rompe, al menos en parte, con esa inercia.

La reforma no es “más blanda” ni “permisiva”, sino que es más selectiva. Evita gastar recursos estatales persiguiendo errores formales o diferencias menores y empieza a apuntar —por fin— a la evasión real y significativa. Dirige los recursos estatales hacía donde de verdad importa. Para el contribuyente que cumple, el mensaje es contundente: ordenarse empieza a valer la pena. Para el gran evasor, el margen se achica.

La discusión de fondo no es si el Estado recauda más o menos, sino cómo recauda y a quién persigue. En ese cambio de enfoque se juega algo clave: la credibilidad del sistema tributario.

La pregunta ya no es si la reforma es perfecta (no lo es), sino si estamos dispuestos a seguir sosteniendo un sistema que trata igual al que cumple y al que evade. El paso del tiempo deberá confirmar si la Ley logra cumplir con su objetivo: mayor seguridad jurídica y reglas más claras para los que cumplen.