Donald Trump vs. Big Law: ¿De qué se trata?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una política contundente que pone en la mira a varios de los estudios jurídicos más importantes del país —y del mundo—. Esta iniciativa busca obligarlos a firmar un acuerdo con la Casa Blanca, en el que se comprometen a revisar sus políticas de recursos humanos, eliminando cualquier iniciativa relacionada con diversidad, equidad e inclusión, y a brindar servicios legales gratuitos al gobierno federal.

La medida ha generado fuertes reacciones. Firmas de prestigio como Jenner & Block y WilmerHale han optado por llevar el asunto a los tribunales para impugnar las disposiciones. Otras, como Paul Weiss y Skadden, han decidido aceptar las condiciones propuestas por la administración Trump.

Este artículo ofrece una mirada al conflicto y analiza cómo podría afectar al ecosistema legal en su conjunto, con posibles repercusiones a nivel global.

“Durante años, los estudios jurídicos han desempeñado un papel desproporcionado en el socavamiento del proceso judicial y en la destrucción de los principios fundamentales de los Estados Unidos. Mi administración está comprometida en abordar los riesgos asociados con estudios jurídicos, en particular los denominados Big Law”.[1]

Así fue la declaración del Presidente Trump en marzo 2025, manifestando su intención de tomar represalias no sólo contra quienes considera sus adversarios políticos sino también contra los abogados que los representan.

A finales de febrero y durante marzo de 2025, Trump firmó una serie de decretos [2] acusando a reconocidos estudios jurídicos norteamericanos de participar en conductas perjudiciales contra los Estados Unidos. Les endilga una supuesta colaboración en investigaciones judiciales contra el propio Presidente; la representación de figuras políticas opositoras; la participación en litigios calificados como ideológicos o partidarios; la promoción de campañas mediáticas para influir en procesos penales; el abuso del patrocinio pro bono con fines políticos; y la contratación de abogados que, según el texto del decreto, habrían incurrido en abusos de poder.

Los decretos impusieron una serie de sanciones contra los estudios especificados:

• Suspensión de cualquier autorización de seguridad mediante la cual se concede permiso para acceder a información clasificada o restringida por razones de seguridad nacional que posean los empleados de los estudios, en tanto se revise si tales autorizaciones son “compatibles con el interés nacional”.
• Rescisión de contratos de servicios con el gobierno nacional [3].
• Restricción a empleados de los estudios al acceso a edificios del gobierno nacional.
• Limitación de la interacción entre empleados de los estudios y empleados del gobierno nacional a fin de “garantizar coherencia con la seguridad nacional y demás intereses del país”.

Los estudios objeto de los decretos reaccionaron con diferentes posturas. Por ejemplo, el estudio Paul Weiss (seguido por Skadden y otros más) eligió llegar a un acuerdo con el gobierno en un caso reconociendo la mala conducta de un exsocio al participar en las acusaciones penales contra el Presidente.

A cambio de este reconocimiento, el gobierno revocó la orden en su contra y el estudio acordó una serie de reformas para “promover la igualdad, la justicia y los principios que fortalecen a su Nación” incluyendo: la adopción de una política de neutralidad en la selección de clientes y contratación de abogados; el compromiso con políticas de contratación  basadas en el mérito, en lugar de políticas de “diversidad, equidad e inclusión”; otorgar el equivalente a US$ 40 millones en servicios legales gratuitos al gobierno durante el mandato del actual Presidente en causas como la asistencia a veteranos, la equidad en el sistema judicial, la lucha contra el antisemitismo y otras iniciativas similares.

Otros estudios decidieron acudir a la justicia, considerando que las órdenes “socavan el Estado de derecho”. Presentaron demandas frente a la justicia federal pidiendo que se bloqueen las medidas impuestas por el Presidente.

Al menos tres jueces federales consideraron que los decretos resultaban peligrosos y perturbadores [4] y se expidieron constituyendo órdenes de restricción temporal, lo que implicó que se suspenda la aplicación de las disposiciones clave de los decretos mientras continúa el litigio.

En una audiencia que participó el Ministro de la Justicia, éste defendió las medidas tomadas por el gobierno, caracterizando a los estudios como “alarmistas” que ven “una serie de consecuencias hipotéticas que aún no se han materializado y que quizás nunca sucedan”.

Finalmente, varios jueces federales anularon permanentemente las órdenes ejecutivas emitidas por la Administración Trump a favor de Perkins Coie, Jenner & Block y WilmerHale, argumentando, entre otras cosas, que violan principios constitucionales fundamentales. Hasta la fecha, la Administración Trump no ha apelado los fallos que anularon las órdenes, por lo que sus efectos permanecen suspendidos mientras los litigios siguen su curso y seguramente serán resueltos finalmente por la Corte Suprema.

Los estudios litigantes, así como varios abogados y estudios que presentaron escritos en el expediente como amicus curiae, argumentaron que los decretos representan que “un ataque a la independencia de los abogados es un ataque a la democracia constitucional y al Estado de derecho”. Consideran que las acciones del Poder Ejecutivo debilitan el papel del abogado como garante independiente de la justicia y que los abogados y asesores legales no son funcionarios de los Estados Unidos, son funcionarios de la justicia [5].

Tanto los estudios que eligieron litigar como los amici, plantean que los decretos transgreden la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense (garantía de la libertad de expresión y la libertad de asociación), la Quinta Enmienda (el debido proceso legal), así como los límites impuestos por los Artículos I y III de la Constitución a la división de los poderes del gobierno nacional. Según los estudios, los decretos constituyen una extralimitación de las facultades del Poder Ejecutivo e interfieren de manera directa con el ejercicio independiente de la justicia.

Pero ¿hasta dónde llega el poder de los jueces de tribunales inferiores para bloquear las políticas de un presidente en todo el país? La Administración Trump pidió que se limite ese poder, lo que implicaría más litigios y más tiempo para frenar políticas federales.

La cuestión procesal no es menor. Si la Corte Suprema determina que un juez federal de primera instancia no puede suspender una medida a nivel nacional, se corre el riesgo de que el Presidente aplique medidas cuestionables por meses o años, hasta que la Corte Suprema se expida sobre la cuestión de fondo. Para entonces el daño ya puede estar hecho y la resolución ser ineficaz.

En el marco de una audiencia celebrada con fecha 15 de mayo, donde el Tribunal Supremo escuchó los argumentos orales de tres casos consolidados: Trump contra CASA, Inc., Trump contra Washington y Trump contra Nueva Jersey, [6] D. John Sauer, en representación del gobierno federal, manifestó que quieren eliminar estas medidas cautelares nacionales para evitar la posibilidad de fórum shopping (la búsqueda de un fuero más amigable) y frenar una medida válida por la decisión de un solo juez. La Corte Suprema aún no ha emitido una decisión sobre el tema, pero se espera que lo haga dentro de las próximas semanas.

El Congreso también ha abordado el tema, aunque de forma dividida según líneas partidarias. La Cámara de Representantes —controlada por los republicanos— aprobó un proyecto de ley para restringir la facultad de los jueces de tribunales inferiores de emitir medidas cautelares con efecto nacional. Sin embargo, es poco probable que una iniciativa similar prospere en el Senado, donde se requeriría apoyo demócrata [7].

El juego ahora en los Estados Unidos es nada menos que la separación de poderes ¿Prevalece la postura tradicional de los tribunales como resguardo esencial frente a cualquier intento, por parte tanto del congreso como del poder ejecutivo, de excluir el debate y usurpar autoridad? ¿O viró los Estados Unidos hacía su expresión máxima del sistema presidencialista en que el mandato permite al Poder Ejecutivo implementar políticas cuestionables en defensa del voto popular y sin la interferencia de un solo juez que decide jaquear la voluntad del electorado?

El cambio estructural institucional no solo compromete los equilibrios democráticos dentro de un país, sino que también genera un precedente que puede impactar en la comunidad jurídica internacional.

En un mundo organizado sobre los principios del Estado de Derecho y la independencia judicial, la amenaza a la función del abogado repercute en todo el ecosistema legal global. El resto del mundo que tenga el mismo modelo estará atento al resultado de la contienda constitucional entre los estudios grandes y la Administración Trump.

[1] The White House. Addressing risks from Paul Weiss (La Casa Blanca. Abordando los riesgos de Paul Weiss).  https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/addressing-risks-from-paul-weiss/

[2] The White House. Presidential Actions. (La Casa Blanca. Decisiones y decretos presidenciales) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/.

[3] El Presidente justificó esta medida para garantizar que los dólares de los contribuyentes no se destinen más a contratistas cuyos ingresos subsidian actividades que no están alineadas con los intereses estadounidenses.

[4] Judges block Trump orders targeting two law firms as Skadden cuts deal (Los jueces bloquean las órdenes de Trump dirigidas a dos bufetes de abogados mientras Skadden cierra un acuerdo) https://www.reuters.com/legal/jenner-block-sues-us-government-following-trump-executive-order-2025-03-28/

[5] Case 1:25-cv-00716-BAH Document 83-1 Filed 04/07/25. “Brief of amici curiae bar associations in support of plaintiff’s motion for summary judgment and for declaratory and permanent injunctive relief”. (Escrito de amici curiae en apoyo a la solicitud de sentencia sumaria y medidas declarativas y cautelares permanentes).

[6] Argument transcripts (Argumentos transcriptos) https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2024/24a884_c07d.pdf

[7] House passes bill restricting district court judges from issuing nationwide injunctions (La Cámara aprueba un proyecto de ley que restringe a los jueces de tribunales de distrito la facultad de dictar medidas cautelares de alcance nacional).