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¿Qué son los daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor?

En muy resumidos términos, son multas civiles que las autoridades administrativas o los jueces pueden imponer a los proveedores de bienes o servicios (empresas), en caso de incumplimientos legales y contractuales en defensa del consumidor.

La Ley N°27.701 de “Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del 2023” introdujo una modificación sustancial en la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor. Su artículo 119 modificó el artículo 47.b) de la Ley de Defensa del Consumidor, el cual, desde 2008, disponía que los infractores de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor que actuaran con dolo o culpa grave resultaban pasibles de una multa de entre AR$100 a AR$5.000.000.

Con la modificación del mencionado artículo, se actualizaron fuertemente los montos de dicha multa: el equivalente de 0,5 a 2.100 canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Actualmente, el monto establecido por el INDEC para dicho índice es de AR$ 244.461,88. Por lo tanto, las sanciones por daños punitivos por infracciones de la Ley de Defensa del Consumidor hoy van de un mínimo de AR$122.230,94 a un máximo de AR$513.369.948.

En la Ley de Defensa del Consumidor, cabe destacar que el costo de las canastas básicas total para el hogar 3 sigue a la inflación, por lo que el INDEC cada mes publica la actualización de dicho índice. Por lo tanto, el monto base utilizado para calcular la multa se incrementa automática y periódicamente.

Así, una vez más, nuestra moneda de curso legal (peso) es dejada de lado por su propio emisor (el Estado Nacional) para establecer sanciones económicas y dar lugar a otro tipo de parámetros. En este caso son canastas básicas, pero también hemos visto el precio del litro de combustible, la UMA o unidad de medida arancelaria, el salario mínimo vital y móvil, entre otras.

Este cambio no solo tiene implicancias directas en el monto de las multas que se aplican en sede administrativa (por ejemplo, la Secretaría de Comercio) sino también en instancias judiciales (reclamos de consumidores y acciones colectivas).

En consecuencia, la actualización de los montos de estas sanciones encarece todos los procesos: los administrativos -sobre todo en casos de reincidencias- por la probable reiteración de las multas, y los judiciales en tanto los montos de las demandas y las sentencias serán cada vez mayores y ello traerá repercusiones en los costos del proceso, en particular, honorarios de peritos y abogados (que deben soportarlos las empresas en la mayoría de los casos y no los consumidores).

Cabe recordar que los daños punitivos fueron incorporados a la Ley de Defensa del Consumidor el 12/3/2008 por medio de la Ley 26.361. En ese momento, el monto máximo de la multa civil en pesos equivalía a US$1.577.287,07 dólares estadounidenses. Hoy, el monto máximo dispuesto en pesos equivale a US$1.734.357,93, según la cotización del dólar oficial tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al 10 de agosto de 2023 ($296).

En conclusión, la política sancionatoria del Estado Nacional no es la misma para todos. Mientras para las personas humanas vemos una política penal con sanciones cada vez menores y flexibilizadas al máximo en su aplicación, para las empresas vemos un incremento significativo de las multas aplicables y no solo en el ámbito del derecho de defensa del consumidor, sino también en materia del derecho laboral y tributario.